Nos dimos una democracia para vivir bajo el imperio de la Ley. Los parlamentos, el poder legislativo, es el encargado de elaborarlas y su composición la decidimos con el voto. El poder judicial aplica la norma con equidad e imparcialidad. Esta es la maravillosa propuesta que nos brinda la democracia. Parece un círculo perfecto, pero su error esta como siempre en su gestión.
No todos los ciudadanos van a estar contentos con los gobiernos salientes de las urnas. Es lógico que los que no les votaron sientan una frustración, pero podrán cambiarlo en un futuro. Las ideas, los hechos, las políticas de los gobiernos hacen que los ciudadanos renueven su confianza o la pierdan. No quiero ponerme poético porque aquí también se pierde parte de esta aureola de gracia que parece envolver el proceso. La manipulación del voto no la inventaron ayer y no es propia de nuestro país, pero al final, los gobiernos nefastos probablemente tendrán sus días contados. Este es el mecanismo que regula la acción gubernativa, nosotros y nuestro voto.
El segundo poder, aquel que desde el estrado interpreta la Ley, lo constituyen los hombres y mujeres del Derecho. Imagino que están obligados a una especie de juramento hipocrático donde su ejercicio mira por la beneficencia del reo, la confidencialidad y la veracidad, el respeto a la Ley y su aplicación con jurisprudencia (la palabra es en sí bastante ilustrativa).
Honestamente me da vergüenza el espectáculo que desde la judicatura se da a la ciudadanía. Pretender que se confié en la institución cuando se ha mantenido hasta el hastío la caducidad del CGPJ, asistir cada día a sentencias claramente injustas e injustificables para el más simple de los mortales, retorciendo desde la magistratura los conceptos, inventando argumentos inverosímile, da bastante pena. Desde hace tiempo asistimos impotentes a un ejercicio de la Justicia con sesgos claramente políticos y sirviendo a los propósitos de la política y no de la Ley. Titiriteros encarcelados, acosos a políticos, acusaciones infundadas que persiguen un fin puramente político, policía patriótica a la orden del gobierno, absolución de corruptos, cierre de causas inauditos, apertura de diligencias sobre procesos delirantes (tramas rusas, terrorismo...) Todo ello sin asumir responsabilidades NADIE, ni siquiera apercibimientos de instancias superiores que deberían velar por el correcto funcionamiento de la Justicia.
Sería injusto meter en el saco a todo el colectivo. Hay seguro cientos de jueces escandalizados por esta deriva de opera bufa en que otros colegas han convertido los estrados. Algunos togados han interpretado los papeles más ridículos, incorporándose al circo mediático que los alienta y respaldando tesituras de políticos que lejos de ser servidores, son o pretenden ser autócratas. "El que pueda hacer que haga".
Me da pena decir que no creo en la justicia como institución porque la veo corrompida por el interés político y personal de determinados magistrados.
La interpretación de la Ley es sin duda un precepto de los jueces, pero la manipulación torticera de los argumentos es impropia de personas que representan a la Justicia. Puede no gustarles la Ley, como puede no gustar a otros ciudadanos, pero la Ley es una norma emanada desde el Parlamento elegido democráticamente, no tienen autoridad moral para convertirla en SU ley, en la que ellos consideran que debería haberse promulgado.
Tenemos un problema. Así como hay sistemas de control para las conductas no adecuadas en cualquier profesión, la judicatura goza de una impunidad manifiesta, incluso hasta en las sentencias más extravagantes, no hay consecuencias. Hemos visto perseguir y destruir políticos con procesos que no han sido más que humo mediático, amparado por jueces que nunca han dado cuenta de sus errores o de sus connivencias. Ignorar evidencias que cualquier idiota reconocería sin sonrojo, llámese M. Rajoy u otros, sin tacha para el juez que lo sostiene.
Más allá de las voces que se levantan dentro de la propia judicatura criticándolas, que no dejan de ser opiniones particulares sin valor punitivo ni corrector, cuando las criticas vienen desde otros ámbitos se ven como injerencia en su independencia interpretativa, se les tacha de ataque al Poder Judicial. No es verdad, criticar actuaciones judiciales debe normalizarse como ejercicio de la libertad de expresión. Ni los jueces tienen la verdad absoluta, ni poseen un estatus divino de infalibilidad, ni son ajenos a las influencias, intereses personales, incluso a la corrupción.
Creo que la institución se ha acantonado en la creencia de que la Ley les pertenece y son los únicos garantes de la Verdad. Ahora vivimos bajo el imperio de SU Ley, nadie puede enmendar sus sentencias y cuando eso ocurre hay un levantamiento general que descalifica al emisor.
La Ley puede que emane del pueblo, pero los exégetas que la interpretan no siempre representan al pueblo que las promovió.
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14 febrero 2016